Nuestra Constitución ya es adulta y, como en todos y cada uno de los organismos vivos, va necesitando modificaciones para adaptarse y continuar llevando una vida sana; de eso continuamente hablan nuestros políticos en el Congreso, aunque difícilmente llegan a acuerdos que obtengan ese resultado.
Pero todo ello, no es óbice para que nuestros padres de la patria pasen por encima y olviden continuamente el contenido actual de muchos de los artículos que componen el todo este documento legislativo base de nuestra vida cotidiana.
Queremos hoy, en este aniversario, referirnos al Artículo 142
Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Es sabido, que los Ayuntamientos vienen atendiendo la mayoría de las competencias que afectan, por cercanía, a la vida de sus vecinos así como otras que, aún correspondiendo a sus respectivas autonomías, deben atender de forma cotidiana y por omisión de éstas, pese a no recibir para ello las necesarias aportaciones económicas.
Ya va siendo hora de establecer legislativamente los cauces, que desde años atrás se vienen solicitando, para que los Ayuntamientos perciban económicamente y con suficiente margen la parte alícuota de los impuestos comunitarios y estatales que permitan su normal funcionamiento; así como por supuesto, y en este preciso momento, la parte correspondiente de los fondos europeos que a estos fines se destinarán a nuestro país.
No podemos exigir a nuestros vecinos que cumplan rigurosamente con sus imposiciones tributarias con el Estado en general, y “a posteriori” incrementar abusivamente los impuestos locales por no llegar los fondos municipales para cubrir sus necesidades.
Es necesaria la justicia recaudatoria para el funcionamiento de las Instituciones, pero también la distributiva en el engrase de los mecanismos que la soportan, y en este punto la Federación madrileña y la Federación española de municipios, deben implicarse a fondo para lograr una Ley de Financiación local acorde a los tiempos y necesidades reales de todos los vecinos.